Perú se ha convertido en un caso de estudio único en América Latina: un país que ha tenido ocho presidentes en apenas una década, sumido en una crisis política permanente, pero cuya economía se niega a colapsar. La pregunta que desconcierta a analistas internacionales tiene respuestas concretas que van más allá de la simple casualidad.
La inestabilidad institucional peruana comenzó a agravarse desde 2016, con el enfrentamiento frontal entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso dominado por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. Desde entonces, el Perú ha transitado por una sucesión vertiginosa de mandatarios que incluye a Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, y las interinidades que marcaron cada transición caótica.
El blindaje macroeconómico: la herencia que ningún presidente pudo destruir
La principal explicación reside en la solidez de los pilares macroeconómicos construidos durante las décadas de los noventa y dos mil. Perú implementó reformas estructurales profundas que incluyeron la independencia del Banco Central de Reserva (BCRP), una disciplina fiscal rigurosa y un marco de metas de inflación que se convirtió en referente regional.
El BCRP opera con una autonomía que ha resistido las presiones de cada gobierno de turno. Mientras los presidentes caían uno tras otro, la política monetaria se mantuvo técnica, predecible y aislada del caos político. La inflación peruana se ha mantenido entre las más bajas de la región, un logro notable considerando el desorden institucional permanente.
La deuda pública peruana también juega a favor. Con niveles que rondan el 33% del PBI, muy por debajo del promedio latinoamericano, el país conserva un colchón fiscal que le permite absorber shocks sin entrar en crisis de deuda. Las reservas internacionales superan los 70 mil millones de dólares, una cifra que equivale a más de un año de importaciones.
El motor minero y la inversión que no se detiene
Perú es el segundo productor mundial de cobre y plata, y figura entre los principales productores de oro, zinc y plomo. El sector minero representa cerca del 60% de las exportaciones totales y genera ingresos fiscales significativos que sostienen las cuentas públicas independientemente de quién ocupe Palacio de Gobierno.
Los grandes proyectos mineros operan con contratos de estabilidad jurídica firmados décadas atrás, lo que los protege parcialmente de la volatilidad política. Empresas como Southern Copper, Cerro Verde, Antamina y Las Bambas continúan produciendo incluso en los momentos más álgidos de la crisis institucional.
Sin embargo, esta dependencia tiene una cara oscura. La inversión minera nueva se ha desacelerado notablemente. Proyectos como Tía María y Conga permanecen estancados por conflictos sociales y falta de voluntad política. Los analistas advierten que si bien la producción actual sostiene la economía, la ausencia de nuevos megaproyectos amenaza el crecimiento futuro.
El costo invisible: crecimiento mediocre y oportunidades perdidas
Que la economía resista no significa que esté sana. El crecimiento del PBI peruano ha caído dramáticamente. Si entre 2004 y 2013 el país crecía a tasas promedio del 6% anual, en los últimos años apenas ha logrado superar el 2-3%, con una contracción severa en 2023.
La inversión privada, que es el verdadero termómetro de confianza empresarial, se ha estancado. Los empresarios invierten lo mínimo necesario para mantener operaciones, pero postergan proyectos de expansión ante la incertidumbre política constante. Cada cambio de gobierno implica nuevos ministros, nuevas prioridades y, frecuentemente, nuevas trabas burocráticas.
La economía peruana no crece como debería. Resiste, pero no despega. Cada punto de crecimiento perdido se traduce en miles de empleos que no se crean y millones de peruanos que no salen de la pobreza.
La pobreza, que había disminuido notablemente durante el boom de las materias primas, ha vuelto a incrementarse. Según cifras del INEI, la pobreza monetaria afecta a cerca del 29% de la población, un retroceso que borra años de progreso social.
La informalidad como amortiguador y como trampa
Otro factor que explica la resistencia económica es, paradójicamente, la enorme informalidad del país. Cerca del 70% de la economía peruana opera fuera del sistema formal. Este sector no depende de decisiones gubernamentales, no espera políticas públicas y se autogestiona con una resiliencia nacida de décadas de desconfianza hacia el Estado.
Los mercados informales, las pequeñas empresas familiares y el comercio ambulatorio continúan funcionando sin importar quién gobierna. Esta economía paralela actúa como un colchón social que evita estallidos, pero al mismo tiempo perpetúa la precariedad laboral, la evasión tributaria y la ausencia de derechos laborales para millones de trabajadores.
¿Hasta cuándo resistirá la economía peruana?
Los economistas coinciden en que el blindaje macroeconómico no es eterno. Cada año de crisis política erosiona lentamente las instituciones, ahuyenta inversiones de largo plazo y deteriora la calidad de los servicios públicos. La educación, la salud y la infraestructura acumulan déficits que eventualmente pasarán factura al crecimiento.
El riesgo país peruano, aunque todavía competitivo en la región, ha mostrado incrementos preocupantes. Las calificadoras de riesgo han comenzado a ajustar sus perspectivas, señalando que la gobernabilidad se ha convertido en el principal factor de riesgo para la economía.
Perú demuestra que una economía puede sobrevivir al caos político durante un tiempo considerable gracias a instituciones técnicas sólidas y recursos naturales abundantes. Pero sobrevivir no es prosperar. Y la paciencia de los mercados y de los ciudadanos tiene límites que cada nuevo presidente debería tener presente antes de que la paradoja peruana deje de serlo.
