En los primeros cinco meses del año 2026, el Perú ha sido testigo de una escalada violenta sin precedentes contra la autoridad local. Tres alcaldes han sido ejecutados en las regiones de Ica, Piura y Satipo, evidenciando un cambio en la táctica del crimen organizado que busca debilitar la gobernanza territorial desde sus bases. Los homicidios de Edward Amoroto (Los Aquijes), Iroshi Ureta Campos (Coviriali) y Víctor Hugo Febre (Veintiséis de Octubre) no son hechos aislados, sino parte de una estrategia criminal que ataca directamente a quienes fiscalizan el territorio.
La lógica económica detrás del crimen
Víctor Hugo Febre Calle fue asesinado el 21 de mayo en Piura mientras se desplazaba en su vehículo. Su madre, Paz Calle, relató la angustia de perder a quien sustentaba económicamente y que no tuvo culpa por quedarse en el poder. La policía detuvo al presunto sicario y a seis personas más, incluyendo a la regidora Patricia Niño, quien cumple prisión preventiva. El caso revela una tensión previa: Febre recibía amenazas desde hace un mes vinculadas a su negativa para otorgar permisos de obras públicas.
Según el criminólogo José Villaorduña, estos atentados buscan demostrar poder y atacar la capacidad de gobernar. Los alcaldes manejan licencias, zonificación y fiscalización; por tanto, eliminarlos es una forma de controlar las economías ilegales. Esta dinámica se ha aprovechado de la debilidad estatal derivada de la tensión entre el congreso y el ejecutivo en los últimos años.
Un historial de violencia contra autoridades
La inseguridad contra alcaldes no es un fenómeno nuevo. En los últimos quince años, diez autoridades han sido asesinadas por disputas de poder e intereses económicos. Casos como el del alcalde electo Manuel Vigo Muñoz en Cajamarca (2018) o Alejandro Montalbán en Áncash (2012) muestran patrones recurrentes donde la criminalidad busca imponer su lógica sobre la gestión pública.
Desafíos para el nuevo gobierno
Especialistas advierten que el gobierno de Keiko Fujimori debe abandonar las declaratorias de estados de emergencia, cuya efectividad ha sido cuestionada. Carlos Basombrío exhorta a fortalecer equipos de inteligencia y derogar leyes que perjudican la lucha contra la criminalidad. Con elecciones regionales y distritales previstas para octubre, el reto será gobernar en un contexto donde ejercer el cargo puede costar la vida.
