El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó este martes que 64 conductores del transporte urbano han sido asesinados por presuntos sicarios o extorsionadores en lo que va del año 2026. Ante esta cifra alarmante, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, denunció que el asedio criminal no solo persiste, sino que se ha acentuado, generando una preocupante normalización de la muerte dentro del sector sin que las autoridades reaccionen con eficacia.
Extorsión generalizada y control territorial
Vargas explicó durante su intervención en el programa Conexión de RPP que la crisis de seguridad no distingue rutas ni zonas geográficas. El dirigente gremial señaló que todas las compañías están siendo extorsionadas al 100%. La modalidad delictiva ha evolucionado hacia un cobro directo en las unidades, donde los criminales exigen montos aproximados de 20 soles diarios a los conductores, aprovechando el manejo constante de dinero en efectivo y la falta de control policial en los paraderos.
"Todas están siendo extorsionadas... van a las unidades porque hay que ser honestos en ese sentido, a los carros, los que tienen la plata del momento", afirmó Vargas.
Según el representante gremial, esta situación ha provocado que los delincuentes tengan mapeadas las placas de los vehículos e incluso información personal de los trabajadores. Esta capacidad organizativa superior a la de las autoridades encargas de la seguridad pública demuestra un nivel de planificación criminal sofisticado que pone en riesgo inmediato la integridad física de los operarios.
Paralización operativa y críticas a la gestión estatal
La ola de violencia ha golpeado severamente la operatividad del transporte público. Varios conductores han abandonado el sector por miedo a perder su vida, dedicándose a otras actividades para sobrevivir. Como consecuencia directa, algunas empresas solo logran operar entre el 30% y el 40% de su capacidad habitual, lo que impacta directamente en la movilidad urbana.
Vargas criticó duramente la gestión de las autoridades calificando como "letra muerta" a las normas aprobadas el año pasado destinadas a crear unidades de élite con participación conjunta de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Argumentó que la reglamentación se hizo de manera deficiente para evitar la asignación real de recursos y la ejecución efectiva de labores de inteligencia.
Ante la falta de resultados tangibles por parte del Estado, el gremio ha propuesto medidas inmediatas de alto impacto. Entre ellas destacan una intervención seria en los penales con regímenes de aislamiento total para los extorsionadores capturados, la implementación de control territorial mediante cuadrantes integrados y cámaras de vigilancia, así como la prohibición estricta del transporte simultáneo de dos personas en motocicletas lineales.
