La carrera presidencial más concurrida en la historia reciente del Perú tiene un denominador común que atraviesa todas las candidaturas: el crimen organizado se ha convertido en el eje central del debate electoral. Con 35 candidatos inscritos para los comicios de abril de 2026, la pregunta sobre cómo enfrentar la ola delictiva que azota al país podría ser el factor decisivo para definir quién logra diferenciarse del resto.
Un país desbordado por la criminalidad
Perú enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Las extorsiones, el sicariato, el narcotráfico y las redes criminales de origen extranjero han convertido a ciudades como Lima, Trujillo y Chiclayo en escenarios de violencia cotidiana. Los índices de percepción de inseguridad superan el 85%, y la ciudadanía ha colocado este problema como su principal preocupación, por encima incluso de la economía y la corrupción.
El fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado dramáticamente en los últimos años. La inestabilidad política crónica —con seis presidentes en un solo periodo constitucional— debilitó las instituciones encargadas de combatir el delito. La Policía Nacional opera con recursos limitados, el Ministerio Público enfrenta una sobrecarga procesal alarmante y el sistema penitenciario funciona como escuela del crimen antes que como centro de rehabilitación.
En este contexto, los candidatos presidenciales han encontrado en la promesa de "mano dura" un terreno fértil para captar votos. Sin embargo, especialistas advierten que las propuestas punitivas por sí solas resultan insuficientes para desmantelar estructuras criminales cada vez más sofisticadas.
Propuestas que van desde el estado de emergencia permanente hasta la pena de muerte
El abanico de planteamientos es amplio y, en muchos casos, extremo. Varios candidatos han propuesto declarar estados de emergencia en las regiones más golpeadas por la criminalidad, una medida que ya se ha aplicado repetidamente durante el actual gobierno sin resultados contundentes. Otros van más allá y plantean la intervención de las Fuerzas Armadas de manera permanente en labores de seguridad ciudadana.
Las propuestas más radicales incluyen el restablecimiento de la pena de muerte para sicarios y violadores, la reducción de la edad de imputabilidad penal y la construcción de cárceles de máxima seguridad al estilo del modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador. Este último referente se ha convertido en una constante en el discurso de los aspirantes, quienes ven en la experiencia salvadoreña un ejemplo replicable.
"Las propuestas punitivas como las que estamos viendo en esta campaña pueden generar aplausos inmediatos, pero sin fortalecimiento institucional, inteligencia financiera y cooperación internacional, el crimen organizado seguirá operando con impunidad", advierten analistas en seguridad.
Frente a este panorama, un grupo minoritario de candidatos ha optado por un enfoque más integral, proponiendo reformas estructurales en el sistema de justicia, inversión en tecnología para la vigilancia y prevención del delito, y programas sociales para atacar las causas de fondo que alimentan la captación de jóvenes por parte de organizaciones criminales.
El factor extorsión: el delito que cambió la campaña
Si hay un crimen que ha marcado esta contienda electoral es la extorsión. Lo que antes era un problema focalizado en ciertos sectores se ha convertido en una epidemia nacional que afecta desde grandes empresarios hasta vendedores ambulantes. Las cifras son contundentes: las denuncias por extorsión se han multiplicado exponencialmente, y se estima que un porcentaje significativo de víctimas ni siquiera acude a las autoridades por temor a represalias.
El modus operandi de las bandas extorsionadoras ha evolucionado. Ya no se limitan a llamadas telefónicas amenazantes; ahora utilizan drones, redes sociales y hasta infiltrados en entidades públicas para identificar y presionar a sus víctimas. Organizaciones criminales de origen venezolano y colombiano han sido señaladas como responsables de parte de esta escalada, aunque expertos advierten que las redes locales siguen siendo las más arraigadas.
Los candidatos han respondido con promuestas que incluyen penas más severas para extorsionadores, unidades policiales especializadas y la creación de líneas directas de denuncia anónima. No obstante, la desconfianza ciudadana en las instituciones hace que estas propuestas sean recibidas con escepticismo.
Una elección definida por el miedo
Con un electorado fragmentado en 35 opciones, las encuestas muestran que ningún candidato supera el 15% de intención de voto. En ese escenario de dispersión extrema, quien logre posicionarse como el más creíble en materia de seguridad podría obtener una ventaja decisiva para pasar a una eventual segunda vuelta.
El riesgo, sin embargo, es que la competencia por parecer más "duro" contra el crimen termine produciendo un discurso electoral desconectado de la realidad operativa del Estado peruano. Implementar muchas de las medidas prometidas requeriría reformas constitucionales, presupuestos millonarios y una voluntad política que históricamente ha brillado por su ausencia una vez que los candidatos llegan al poder.
Perú se encuentra en una encrucijada. La ciudadanía exige respuestas inmediatas ante una criminalidad que se ha infiltrado en todos los niveles de la vida cotidiana, mientras que las soluciones de fondo demandan tiempo, recursos y una institucionalidad que actualmente está fracturada. La pregunta que queda en el aire es si alguno de los 35 aspirantes presidenciales tiene realmente la capacidad —y no solo la voluntad declarada— de revertir una crisis que amenaza con convertirse en la nueva normalidad del país.
