El presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rodolfo Ojeda, junto a otros gremios empresariales, lanzó una dura advertencia sobre la situación que atraviesan las micro y pequeñas empresas (mypes) en el país, señalando que la delincuencia y las extorsiones son factores críticos que amenazan la viabilidad de estos negocios. La exigencia central es la aprobación urgente de leyes que permitan combatir eficazmente este flagelo, protegiendo la economía formal y el empleo que generan estas entidades.
Advertencia sobre la crisis empresarial
La declaración de Ojeda pone en relieve la presión constante que sufren los dueños de Mypes por parte de grupos delictivos. La extorsión no solo representa una pérdida económica directa, sino que también genera un clima de inseguridad que paraliza la actividad comercial. Los gremios han subrayado que la inacción legislativa agrava la vulnerabilidad de estos empresarios, quienes operan con márgenes reducidos y no cuentan con los recursos para blindarse contra estos ataques.
Presión al Congreso para actuar
Ante la gravedad del panorama, los representantes del sector empresarial han dirigido su reclamo directamente al Congreso de la República. La demanda no es solo simbólica; se trata de una petición concreta para que se aprueben normativas que agilicen la persecución penal de los extorsionadores y fortalezcan la protección a las víctimas. La urgencia radica en que cada día de demora legislativa se traduce en cierres de negocios y pérdida de puestos de trabajo, debilitando la base económica del país.
Impacto en la economía formal
Las Mypes constituyen un pilar fundamental de la economía peruana, representando la mayoría de las unidades productivas y generando una porción significativa del empleo formal e informal. La extorsión, al atacar directamente a este sector, tiene un efecto multiplicador negativo en la economía nacional. Al forzar a los empresarios a cerrar sus puertas o a operar en la informalidad por miedo, se reduce la recaudación tributaria y se deteriora el tejido social de las comunidades donde operan estos negocios.
Los gremios continúan monitoreando la agenda legislativa para asegurar que la lucha contra la delincuencia y la extorsión se convierta en una prioridad nacional, exigiendo medidas concretas y no solo declaraciones de intenciones por parte de los legisladores, información confirmada por Gestión.
