La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) ha emitido una alerta crítica respecto al estado actual del programa Farmacia Vecina. Según la información difundida por la organización, el sistema de distribución de medicamentos atraviesa uno de los momentos más delicados desde su implementación en 2019. La entidad señala que la infraestructura operativa del programa se encuentra actualmente funcionando con apenas el 10% de su capacidad instalada, una cifra que evidencia un severo deterioro en la logística y disponibilidad de insumos farmacéuticos para la población beneficiaria.
Colapso de la capacidad instalada
El dato proporcionado por AFIN refleja una situación de emergencia logística que compromete la continuidad del servicio. Operar con un décimo de la capacidad prevista implica que los centros de acopio y distribución no pueden absorber el flujo normal de medicamentos ni garantizar el abastecimiento oportuno. Esta limitación estructural no es un fenómeno reciente, sino el resultado de un proceso de desgaste que ha llevado al sistema a sus límites técnicos y operativos, poniendo en riesgo la cadena de suministro de la red pública de salud.
Impacto directo en la atención de EsSalud
La consecuencia inmediata de esta crisis operativa recae sobre los pacientes afiliados a EsSalud. Farmacia Vecina ha sido un pilar fundamental para garantizar el acceso a tratamientos crónicos y agudos en el sistema público. La reducción drástica de su capacidad operativa genera cuellos de botella en la dispensación de medicamentos, lo que se traduce en tiempos de espera prolongados y, potencialmente, en la falta de disponibilidad de fármacos esenciales en las farmacias adheridas. La interrupción de este flujo afecta directamente la adherencia a los tratamientos médicos de miles de peruanos.
Urgencia de intervención técnica
La advertencia de AFIN subraya la necesidad de una intervención técnica inmediata para reactivar la infraestructura del programa. Sin medidas correctivas que restauren la capacidad operativa más allá del umbral crítico del 10%, el riesgo de un colapso total en la distribución de medicamentos aumenta significativamente. La situación exige una respuesta coordinada entre los entes reguladores y los operadores del programa para evitar que la crisis logística se convierta en una crisis sanitaria de mayor escala para los usuarios del sistema de seguridad social.
