La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido una advertencia formal al Ministerio del Interior respecto a los riesgos asociados con la gestión de bienes textiles adquiridos para la Policía Nacional del Perú. Esta alerta se deriva de hallazgos que indican que parte significativa de esta indumentaria permanece almacenada durante periodos prolongados, llegando hasta diez meses sin ser distribuida ni utilizada en las operaciones policiales.
Almacenamiento prolongado y riesgo fiscal
Según la información proporcionada por el órgano contralor, los uniformes e insumos textiles fueron adquiridos mediante procesos de compra pública, pero su gestión logística ha presentado deficiencias. Los bienes quedaron retenidos en un depósito del Núcleo Ejecutor de Compras (NEC), lo que expone a las prendas a condiciones ambientales y físicas que pueden comprometer su integridad.
La entidad fiscalizadora subraya que el tiempo de permanencia en almacén, cercano a un año para algunos lotes, incrementa exponencialmente la probabilidad de deterioro. El desgaste prematuro de estos bienes representa una pérdida potencial del patrimonio del Estado y cuestiona la eficiencia con la que se ha ejecutado la inversión pública destinada al fortalecimiento operativo de las fuerzas policiales, de acuerdo con Pulso Andino.
Implicaciones para el equipamiento policial
La situación detectada por la Contraloría pone en evidencia posibles fallos en la cadena de suministro y planificación logística del Ministerio del Interior. Si los uniformes se deterioran antes de su entrega a los efectivos, no solo se desperdicia el recurso financiero sino que también podría afectar la imagen institucional y la funcionalidad operativa de la Policía Nacional del Perú.
La CGR ha instado al Ministerio correspondiente a tomar las medidas correctivas necesarias para evitar mayores pérdidas. Esto incluye evaluar el estado actual de los bienes almacenados, agilizar su distribución o gestionar su disposición final si están irrecuperables, y revisar los protocolos internos que permitieron esta acumulación innecesaria en depósitos oficiales, tal como señaló El Comercio.
