Perú acaba de establecer un récord que ninguna democracia quisiera ostentar: siete presidentes en apenas una década. La destitución del presidente interino José Jerí por parte del Congreso marca un nuevo episodio en la turbulenta historia política del país, que desde 2016 no logra consolidar un liderazgo estable en el Ejecutivo. Sin embargo, en medio del caos institucional, la economía peruana se mantiene en pie, desafiando toda lógica convencional.
Una década de inestabilidad sin precedentes
Desde que Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia en 2016, Perú ha transitado por una sucesión vertiginosa de mandatarios que refleja una crisis estructural en su sistema político. Kuczynski renunció en 2018 acorralado por escándalos de corrupción vinculados a Odebrecht. Le sucedió Martín Vizcarra, quien fue vacado por el Congreso en 2020 bajo acusaciones de "incapacidad moral permanente".
Manuel Merino duró apenas cinco días en el poder tras una ola de protestas ciudadanas que dejó muertos y heridos. Francisco Sagasti completó la transición hasta la llegada de Pedro Castillo en 2021, quien fue destituido y encarcelado tras intentar un autogolpe disolviendo ilegalmente el Congreso en diciembre de 2022.
Dina Boluarte asumió entonces el poder en medio de violentas protestas que dejaron decenas de fallecidos, y ahora la destitución de José Jerí como presidente interino confirma que la inestabilidad política peruana no tiene visos de resolverse. El Congreso, convertido en el verdadero centro de poder, sigue ejerciendo la vacancia como herramienta política recurrente.
La economía: el blindaje que desafía al caos político
Lo que resulta extraordinario es que, pese a esta montaña rusa institucional, los indicadores macroeconómicos del Perú se mantienen sólidos. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la economía creció 2.7% en 2024 y las proyecciones para 2025 apuntan a cifras similares o superiores.
La inflación se ha mantenido controlada dentro del rango meta del BCRP, la deuda pública permanece en niveles manejables —alrededor del 33% del PBI— y las reservas internacionales superan los 70,000 millones de dólares, uno de los colchones más robustos de la región. El sol peruano, lejos de desplomarse, ha mostrado una estabilidad notable frente al dólar.
Analistas de Expansión y otros medios especializados coinciden en que esta resiliencia tiene una explicación clara: la institucionalidad económica peruana ha funcionado como un piloto automático que opera independientemente del inquilino de Palacio de Gobierno. El BCRP, reconocido como uno de los bancos centrales más profesionales de América Latina, ha mantenido una política monetaria ortodoxa que genera confianza en los mercados.
El secreto: instituciones económicas blindadas
A diferencia del aparato político, las instituciones económicas peruanas han logrado mantenerse al margen del torbellino. La autonomía del Banco Central, la disciplina fiscal heredada de reformas estructurales de los años noventa y un marco regulatorio favorable a la inversión privada han creado un ecosistema que resiste los embates de la crisis política.
El sector minero, columna vertebral de la economía peruana, sigue atrayendo inversión extranjera. Perú es uno de los principales productores mundiales de cobre, zinc, plata y oro, y la demanda global de estos metales —especialmente el cobre, impulsado por la transición energética— garantiza un flujo constante de divisas.
No obstante, esta aparente fortaleza tiene límites. La inversión privada ha mostrado signos de desaceleración ante la incertidumbre política persistente. Proyectos de infraestructura y minería enfrentan retrasos por la falta de un liderazgo gubernamental coherente. La informalidad laboral, que supera el 70%, sigue siendo una bomba de tiempo social que ningún presidente ha podido —ni ha tenido tiempo de— desactivar.
¿Hasta cuándo aguanta el modelo?
Los expertos advierten que la desconexión entre estabilidad económica e inestabilidad política no puede sostenerse indefinidamente. Cada crisis presidencial erosiona la confianza institucional, ahuyenta inversiones de largo plazo y profundiza el descontento ciudadano. Las encuestas muestran que la aprobación del Congreso peruano ronda apenas el 6%, mientras que la desconfianza hacia toda la clase política alcanza niveles históricos.
La paradoja peruana plantea una pregunta incómoda para toda América Latina: ¿puede una economía prosperar sin gobernabilidad? A corto plazo, la respuesta parece ser sí. Pero los costos acumulados de una década sin rumbo político comienzan a manifestarse en indicadores sociales alarmantes: pobreza que no se reduce al ritmo esperado, servicios públicos deteriorados, inseguridad ciudadana desbordada y una brecha de desigualdad que se ensancha.
El próximo capítulo de esta saga dependerá de si Perú logra encauzar su democracia hacia un mínimo de estabilidad institucional. De lo contrario, el blindaje económico podría empezar a resquebrajarse, y con él, la última fortaleza que le queda al país frente al abismo político.
Perú ha demostrado que sus instituciones económicas pueden operar en piloto automático, pero ningún país puede permitirse indefinidamente el lujo de funcionar sin un capitán al mando.
