La crisis política peruana sumó un nuevo capítulo. El pleno del Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, en consecuencia, como presidente de la República del Perú. Con esta decisión, el país se prepara para recibir a su octavo mandatario en apenas diez años, una cifra que refleja la profunda inestabilidad institucional que atraviesa la nación.
La elección del nuevo presidente del Congreso —y, por tanto, del nuevo jefe de Estado— está prevista para mañana, 18 de febrero. La sucesión constitucional establece que, ante la vacancia presidencial, el titular del Legislativo asume el Poder Ejecutivo, un mecanismo que se ha activado con alarmante frecuencia en el Perú reciente.
Un país acostumbrado a la rotación presidencial
Desde 2016, el Perú ha visto desfilar por Palacio de Gobierno a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí. Cada transición ha estado marcada por vacancias, renuncias, golpes de Estado fallidos o censuras parlamentarias.
Esta inestabilidad crónica ha convertido al Perú en un caso de estudio negativo en América Latina. Mientras otros países de la región enfrentan sus propias turbulencias, ninguno exhibe una rotación tan vertiginosa en la máxima magistratura. La pregunta ya no es si habrá un nuevo cambio, sino cuánto durará el siguiente presidente.
La censura de Jerí se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos a su gestión y acusaciones cruzadas entre las bancadas del Congreso. La fragmentación parlamentaria, con múltiples agrupaciones sin mayoría clara, ha convertido la gobernabilidad en una tarea prácticamente imposible.
El sector empresarial exige estabilidad y reglas claras
Para el empresariado peruano, cada cambio de mando representa un golpe directo a la confianza y la inversión. Los gremios empresariales han expresado reiteradamente su preocupación por la falta de continuidad en las políticas públicas, la parálisis de proyectos de infraestructura y la incertidumbre jurídica que ahuyenta capitales.
Los principales líderes del sector privado coinciden en un mensaje central: el Perú necesita estabilidad política para sostener su crecimiento económico. La inversión privada, motor fundamental de la economía peruana, se contrae cada vez que se produce una crisis en la cúpula del poder.
"Lo que el empresariado necesita son reglas claras y un horizonte de estabilidad. Cada cambio de presidente significa nuevos ministros, nuevas prioridades y, muchas veces, la paralización de reformas que estaban en marcha", señalan voceros del sector privado.
Sectores clave como la minería, la agroindustria y la construcción son especialmente sensibles a los vaivenes políticos. Los grandes proyectos mineros, que requieren permisos y garantías a largo plazo, se ven directamente afectados cuando el interlocutor gubernamental cambia cada pocos meses.
Impacto económico de la inestabilidad
Las cifras hablan por sí solas. La inversión privada en el Perú ha mostrado un comportamiento errático en los últimos años, directamente correlacionado con los episodios de crisis política. Los indicadores de riesgo país se disparan con cada transición abrupta, encareciendo el financiamiento tanto para el Estado como para las empresas.
El tipo de cambio también reacciona a la incertidumbre política. El sol peruano ha experimentado presiones devaluatorias en cada episodio de crisis institucional, afectando el poder adquisitivo de millones de ciudadanos y elevando el costo de las importaciones.
La Bolsa de Valores de Lima, aunque de tamaño modesto en comparación con otros mercados regionales, refleja inmediatamente el sentimiento de los inversionistas. Las acciones de empresas peruanas tienden a retroceder ante cada nuevo capítulo de la saga política.
¿Qué esperar del próximo presidente?
La elección de mañana en el Congreso definirá quién encabezará el Ejecutivo en los próximos meses. Sin embargo, las expectativas son moderadas. La fragmentación del Parlamento hace difícil que cualquier nuevo presidente cuente con el respaldo necesario para impulsar reformas de fondo.
Los empresarios esperan, como mínimo, que el nuevo mandatario garantice la continuidad de los equipos técnicos en los ministerios clave, mantenga la disciplina fiscal que ha caracterizado al Perú y evite medidas populistas que deterioren aún más el clima de inversión.
La comunidad internacional también observa con preocupación. Organismos multilaterales y calificadoras de riesgo han advertido que la inestabilidad política crónica constituye el principal lastre para el desarrollo del Perú, un país con enormes recursos naturales y potencial de crecimiento.
Un ciclo que el Perú necesita romper
La pregunta de fondo es si el Perú logrará romper este ciclo de inestabilidad. Las voces que piden un adelanto de elecciones generales se multiplican, bajo el argumento de que solo un mandatario elegido directamente por los ciudadanos tendrá la legitimidad necesaria para gobernar con eficacia.
Mientras tanto, el empresariado peruano se adapta como puede, operando en un entorno donde la única constante es el cambio. La resiliencia del sector privado ha sido notable, pero tiene límites. Sin estabilidad institucional, el Perú seguirá desperdiciando su enorme potencial económico y condenando a millones de sus ciudadanos a la incertidumbre.
Mañana, cuando el Congreso elija a su nuevo presidente, el Perú inaugurará un nuevo capítulo de su turbulenta historia política reciente. La esperanza, tanto de empresarios como de ciudadanos comunes, es que esta vez el desenlace sea diferente.
