La crisis política peruana alcanzó un nuevo capítulo con la aprobación de la censura de José Jerí como presidente del Parlamento, lo que automáticamente lo despoja de la Presidencia de la República. El pleno del Congreso tomó esta decisión y, para mañana 18 de febrero, se espera la elección de un nuevo titular del Legislativo, quien asumirá también la jefatura del Estado.
De concretarse, Perú estará ante su octavo presidente en apenas una década, una cifra que refleja la profunda inestabilidad institucional que arrastra el país y que tiene en vilo a los mercados, al sector privado y a la ciudadanía en general.
Una década de inestabilidad: ocho presidentes y ningún rumbo claro
Desde 2016, el Perú ha transitado por una sucesión vertiginosa de mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí, cada uno con circunstancias distintas pero con un denominador común: la incapacidad del sistema político para garantizar gobernabilidad.
Los golpes de Estado, las vacancias presidenciales, las renuncias forzadas y ahora las censuras parlamentarias configuran un escenario donde la figura presidencial se ha devaluado drásticamente. Ningún otro país de América Latina registra una rotación similar en la jefatura del Estado en un período tan corto.
Este récord negativo no solo afecta la imagen internacional del Perú, sino que tiene consecuencias directas sobre la inversión, el empleo y la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas de mediano y largo plazo.
El sector empresarial exige certidumbre y señales claras
Para el empresariado peruano, cada cambio de mando representa un reinicio de las negociaciones, las prioridades legislativas y las políticas económicas. Los gremios empresariales han expresado su preocupación ante este nuevo episodio de volatilidad institucional.
Los principales pedidos del sector privado al próximo mandatario se centran en tres ejes fundamentales: estabilidad en las reglas de juego para la inversión, continuidad en las políticas económicas que han sostenido el crecimiento del país, y una agenda legislativa que priorice la reactivación productiva por encima de los cálculos políticos.
"Lo que el Perú necesita es previsibilidad. No importa quién se siente en el sillón presidencial si las reglas cambian cada seis meses. Los inversionistas necesitan horizontes de largo plazo", señalan voces del sector empresarial peruano.
La Cámara de Comercio de Lima y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) han insistido en que la rotación constante de autoridades paraliza proyectos de infraestructura, retrasa concesiones y genera desconfianza en los mercados internacionales.
Impacto económico: la factura de la inestabilidad
Los efectos de la crisis política no son abstractos. Según estimaciones de analistas económicos, el Perú pierde puntos porcentuales de crecimiento potencial cada año debido a la incertidumbre política. La inversión privada, que debería ser el motor del desarrollo, se mantiene por debajo de los niveles prepandemia en términos reales.
El tipo de cambio, la calificación crediticia soberana y los flujos de inversión extranjera directa son variables que reaccionan con sensibilidad a cada sacudón político. Los mercados financieros ya han incorporado una prima de riesgo político al evaluar activos peruanos.
Además, la parálisis legislativa impide avanzar en reformas estructurales urgentes como la modernización del sistema tributario, la simplificación de trámites para nuevos negocios y la reforma del sistema de pensiones, temas que el sector empresarial considera prioritarios.
¿Qué se espera del nuevo presidente del Congreso?
La elección de mañana en el pleno del Congreso no es un trámite menor. Quien asuma la presidencia del Parlamento se convertirá automáticamente en el jefe de Estado, con todas las responsabilidades que ello implica en materia de política exterior, seguridad nacional y conducción económica.
Los empresarios esperan que el nuevo mandatario, independientemente de su filiación política, envíe señales inmediatas de orden y gobernabilidad. Entre las demandas más urgentes figuran: la conformación de un gabinete técnico con experiencia en gestión pública, el compromiso de no alterar las reglas para la inversión extranjera, y la priorización de la seguridad ciudadana, un tema que afecta directamente la actividad económica en todo el territorio nacional.
La comunidad internacional también observa con atención. Organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han señalado en reiteradas ocasiones que la fortaleza macroeconómica del Perú contrasta con su debilidad institucional, una paradoja que tarde o temprano termina erosionando los fundamentos económicos.
Un país que necesita más que un nuevo presidente
Más allá de quién ocupe Palacio de Gobierno a partir de esta semana, el problema de fondo sigue sin resolverse. El Perú carece de un sistema político capaz de producir gobernabilidad sostenida. Los partidos son débiles, el Congreso está fragmentado y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es estructuralmente conflictiva.
Para el sector empresarial, la solución no pasa solo por elegir al presidente correcto, sino por reformar las instituciones que hacen posible esta dinámica de inestabilidad permanente. Mientras eso no ocurra, el Perú seguirá siendo un país con enorme potencial económico pero con un techo político que le impide despegar.
La jornada de mañana en el Congreso será decisiva. El país entero, y especialmente quienes generan empleo e inversión, estarán atentos a las señales que emita el nuevo ocupante del poder.
