El sistema de gestión de riesgos del Perú enfrenta una crisis sin precedentes. Más de dos mil proyectos diseñados específicamente para emergencias se encuentran totalmente paralizados o abandonados.
Esta cifra alarmante revela un colapso en la capacidad estatal para proteger a las poblaciones más vulnerables ante desastres naturales inminentes.
Obras críticas detenidas mientras crece el riesgo climático
La parálisis no es accidental; responde a una gestión deficiente que ignora los protocolos de seguridad ciudadana y pone en jaque la vida de millones.
Datos oficiales muestran un incremento sostenido entre 2019 y 2025 en el número de obras interrumpidas. El deterioro es más agudo en las zonas costeras del sur, históricamente expuestas a los embates del fenómeno del Niño Costero.
Drenajes pluviales, muros de contención y sistemas de alerta temprana que debían estar operativos han sido dejados a medio terminar. Esto deja a ciudades enteras desprotegidas ante la próxima temporada de lluvias intensas.
El costo humano de la inacción estatal
Cada metro cúbico de tierra no movido o cada tubería sin instalar aumenta exponencialmente el riesgo de inundaciones y deslizamientos. La falta de mantenimiento preventivo se convierte en una sentencia para los residentes de asentamientos humanos.
Las regiones como Lima, Arequipa y Moquegua son las más afectadas por esta negligencia institucional. Los recursos públicos asignados desaparecen sin generar infraestructura resiliente que salve vidas durante emergencias.
Causas estructurales: corrupción e ineficiencia
Investigaciones preliminares apuntan a irregularidades administrativas, sobrecostos injustificados y falta de supervisión técnica como las causas principales del abandono. Muchos proyectos fueron licitados sin los estudios adecuados o con presupuestos inflados.
La rotación constante de autoridades en ministerios clave ha impedido la continuidad administrativa necesaria para reactivar estas obras vitales. La impunidad permite que funcionarios responsables de estos fracasos escapen a las consecuencias legales.
