La carrera por la presidencia de Perú rumbo a las elecciones del 12 de abril muestra un panorama dominado por la incertidumbre. Según una reciente encuesta difundida por Reuters, dos figuras de la derecha peruana —Keiko Fujimori, hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori, y Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima— encabezan las preferencias electorales. Sin embargo, la gran mayoría del electorado aún no ha definido su voto.
Dos candidatos de derecha al frente con cifras modestas
Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular y quien busca la presidencia por cuarta vez, se posiciona como una de las favoritas en las encuestas. Su trayectoria política ha estado marcada tanto por el legado de su padre Alberto Fujimori —quien gobernó Perú entre 1990 y 2000 y fue encarcelado por corrupción y violaciones a los derechos humanos— como por sus propios procesos judiciales vinculados a presunto lavado de activos.
Por su parte, Rafael López Aliaga, empresario y exalcalde de Lima conocido por sus posiciones conservadoras y su discurso confrontacional, también figura entre los punteros. López Aliaga, del partido Renovación Popular, ha capitalizado el descontento ciudadano con la clase política tradicional y se presenta como una alternativa de mano dura contra la inseguridad y la corrupción.
No obstante, ambos candidatos registran cifras de intención de voto relativamente bajas, lo que refleja un electorado profundamente fragmentado y desencantado con las opciones disponibles.
Un electorado mayoritariamente indeciso: señal de alarma
El dato más relevante de la encuesta no es quién lidera, sino cuántos peruanos aún no saben por quién votar. La mayoría de los encuestados se declara indecisa, un fenómeno que se ha repetido en los últimos procesos electorales del país y que genera enorme incertidumbre sobre el resultado final.
Esta indecisión masiva responde a múltiples factores. Perú ha atravesado una crisis política sin precedentes en los últimos años, con seis presidentes en un solo período quinquenal, protestas masivas, represión policial con decenas de muertos y un Congreso con niveles de aprobación históricamente bajos. La desconfianza hacia la clase política es generalizada.
Los analistas advierten que en un escenario con tantos votantes indecisos, cualquier candidato podría dar la sorpresa en las últimas semanas de campaña. Las elecciones peruanas han demostrado ser altamente volátiles: en 2021, Pedro Castillo pasó del anonimato a la presidencia en cuestión de semanas.
Contexto de inseguridad y crisis institucional
Las elecciones de abril se desarrollan en un contexto de grave deterioro de la seguridad ciudadana en Perú. Las extorsiones, los sicariatos y el crimen organizado han escalado de manera alarmante en ciudades como Lima, Trujillo y Chiclayo. Según cifras oficiales, los homicidios y las denuncias por extorsión han aumentado significativamente en los últimos dos años.
Este clima de violencia ha convertido la seguridad ciudadana en el tema central de la campaña electoral. Tanto Fujimori como López Aliaga han prometido políticas de mano dura, incluyendo el uso de las fuerzas armadas para combatir la delincuencia y reformas al sistema de justicia penal. Sin embargo, los críticos señalan que estas propuestas carecen de profundidad y no abordan las causas estructurales del problema.
La crisis institucional también pesa sobre el proceso electoral. La actual presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la destitución y arresto de Pedro Castillo en diciembre de 2022, registra niveles de aprobación en mínimos históricos. Su gobierno ha sido cuestionado por la represión de las protestas de 2023, que dejaron decenas de civiles muertos, y por escándalos de corrupción que incluyen investigaciones por enriquecimiento ilícito.
Lo que está en juego para Perú
Las elecciones del 12 de abril representan una oportunidad para que Perú intente recuperar la estabilidad política que ha perdido en los últimos años. El próximo presidente heredará un país con desafíos enormes: una economía que, si bien mantiene indicadores macroeconómicos relativamente estables, no logra traducir ese crecimiento en mejoras tangibles para la población; una crisis de seguridad que afecta la vida cotidiana de millones de peruanos; y una institucionalidad democrática debilitada.
El hecho de que dos candidatos de derecha lideren las encuestas sugiere un giro del electorado hacia posiciones más conservadoras, en contraste con la elección de 2021, cuando Castillo ganó con un discurso de izquierda radical. Sin embargo, con la mayoría del electorado aún sin definir su voto, el desenlace está lejos de ser predecible.
La volatilidad electoral peruana hace que cualquier proyección sea prematura. En un país donde la desconfianza hacia los políticos es la norma, el voto indeciso puede cambiar el rumbo de la elección en los últimos días de campaña.
Lo que resulta claro es que Perú enfrenta una encrucijada crítica. El próximo presidente no solo deberá gobernar un país polarizado y golpeado por la violencia, sino también reconstruir la confianza ciudadana en instituciones que han sido sistemáticamente erosionadas. La pregunta que queda abierta es si alguno de los candidatos actuales está a la altura de ese desafío monumental.
