La investigación por el brutal asesinato de Susy Aponte, conocida popularmente como la 'China Polo', avanza con pasos firmes gracias a las acciones conjuntas entre la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú. El fiscal Tomás Gálvez confirmó oficialmente que ya se encuentra detenido al presunto sicario directamente involucrado en los hechos letales. Además, reveló que también está bajo custodia el individuo señalado como el supuesto financista de este crimen.
Detalles oficiales sobre las capturas
Durante una entrevista con RPP, Gálvez detalló la situación actual del caso, destacando que se ha logrado detener tanto al ejecutor material como a quien supuestamente pagó por el atentado contra Aponte. Sin embargo, el fiscal de la Nación mostró cautela en sus declaraciones: subrayó que, respecto al supuesto financista, esto representa una pista dentro de la investigación y, por ahora, solo constituye una presunción.
Contexto político y denuncias previas
Susy Aponte era periodista y se postulaba como candidata a la Gobernación Regional de Áncash por el movimiento 'Socios por Áncash'. Nueve días antes del crimen, específicamente el 10 de septiembre, ella publicó un video en redes sociales denunciando amenazas y acoso. En esa grabación, responsabilizó al general PNP Víctor Revoredo de sufrir algún daño.
Reacciones e investigaciones paralelas
A raíz del crimen, Valentín Fernández, otro candidato por el mismo movimiento, manifestó su consternación y solicitó una investigación rápida, independiente y exhaustiva. Por otra parte, el Gobierno Regional de Áncash repudió oficialmente este hecho violento y ha solicitado al Ministerio del Interior esfuerzos conjuntos para apresar a los implicados, como contamos en Fiscalía confirma tres detenidos por asesinato de 'China Polo'.
El crimen marcó un punto de inflexión en la seguridad ciudadana local
Ante esta situación crítica, las autoridades anunciaron una convocatoria urgente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con el objetivo específico de asegurar la protección de todos los candidatos electorales. Esta medida busca blindar a quienes se postulan para cargos públicos ante un escenario de violencia política.
