La reciente ordenanza que declara el estado de emergencia por 180 días en el sistema vial metropolitano de Lima ha sido calificada como una medida meramente paliativa por especialistas en seguridad vial. Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, advierte que esta declaración administrativa no resolverá la congestión vehicular crónica ni mejorará la seguridad ciudadana en las principales arterias de la capital, generando preocupación sobre la eficacia de las políticas públicas actuales.
Una solución temporal frente a un problema estructural
Según el análisis de Quispe Candia, la extensión del estado de emergencia por seis meses se limita a otorgar un marco legal temporal para la gestión de obras y el control del tránsito, pero falla en abordar las causas estructurales del colapso vial. La medida, lejos de ser una solución integral, actúa como un parche que permite a las autoridades continuar con la administración del caos sin implementar reformas profundas en la planificación urbana o en la inversión en transporte masivo. La percepción de ineficacia de esta ordenanza pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para garantizar la movilidad segura.
Impacto en la seguridad y el orden público
La congestión vehicular no es solo un inconveniente de tráfico; representa una amenaza directa a la seguridad pública. El estancamiento prolongado en las vías facilita la comisión de delitos, aumenta la vulnerabilidad de los peatones y eleva los tiempos de respuesta de las unidades policiales y de emergencia. Expertos señalan que sin una estrategia que priorice la reducción de la siniestralidad vial y la optimización del flujo de vehículos, la ordenanza de emergencia se convertirá en un ciclo repetitivo de declaraciones sin resultados tangibles. La falta de una visión a largo plazo expone a la población a un riesgo constante en las calles.
"La medida es paliativa y no resolverá la congestión vehicular", afirmó Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ámbar.
La comunidad de expertos en seguridad vial insta a las autoridades a trascender la declaración de emergencia y adoptar un plan de acción contundente. Se requiere una auditoría rigurosa de las infraestructuras viales y una coordinación efectiva entre los niveles de gobierno para implementar soluciones que no dependan de prórrogas temporales. La seguridad de los usuarios de la vía pública exige acciones inmediatas y permanentes que garanticen un tránsito fluido y seguro, evitando que la emergencia se convierta en la normalidad de la vida limeña.
