El Gobierno del Perú ha dado un paso firme ante la inminente llegada de las lluvias intensas. A través del Decreto Supremo N° 124-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se declaró oficialmente el Estado de Emergencia en 23 regiones del país durante un periodo de 60 días. Esta medida busca acelerar la asignación de recursos y ejecutar obras preventivas para mitigar los riesgos asociados al Fenómeno de El Niño 2026-2027.
¿Habrá restricciones para viajar?
Sin duda, una de las dudas más recurrentes entre la ciudadanía es si esta declaración implicará el cierre de carreteras o la suspensión de viajes interprovinciales. La respuesta corta es: no necesariamente. Aunque el decreto establece acciones extraordinarias y urgentes para reducir el impacto de lluvias, desbordamientos de ríos e huaicos, la normativa NO menciona prohibiciones específicas sobre desplazamientos.
Lo que sí se prioriza es la minimización de riesgos y una respuesta rápida a eventos climáticos adversos. Cualquier modificación en las rutas o cierres temporales serán comunicados oficialmente por el Gobierno cuando sea necesario. Por lo tanto, los viajes no están automáticamente suspendidos, pero los viajeros deben mantenerse atentos a los boletines técnicos.
Las regiones bajo observación
La lista de zonas afectadas es extensa y abarca gran parte del territorio nacional. Las 23 regiones incluidas en esta emergencia son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín y Tacna, más contexto en Emergencia por 60 días.
Además de estas regiones enteras, se han clasificado como áreas vulnerables distritos específicos en Tumbes, Ucayali y el Callao. Esta clasificación responde a informes técnicos anticipados elaborados por INDECI, Senamhi, CENEPRED y ENFEN, quienes evaluaron los riesgos antes incluso de que las lluvias comenzaran con fuerza.
Coordinación entre ministerios
La normativa dispone la intervención directa de gobiernos regionales y locales. Estos deberán coordinar sus medidas con INDECI y otros ministerios para ejecutar labores de rehabilitación según los peligros identificados en cada zona. El objetivo es claro: actuar antes de que el desastre ocurra, aprovechando este marco legal para agilizar trámites burocráticos.
