La crisis política peruana sumó un nuevo capítulo de inestabilidad. José Jerí, quien apenas llevaba cuatro meses y una semana al frente de la presidencia de Perú, fue destituido ayer por el Congreso tras un juicio político relámpago en el que se acumularon y votaron en conjunto siete cargos en su contra. La decisión legislativa reaviva una pregunta que el mundo se hace con frecuencia sobre el país andino: ¿cómo logra mantenerse a flote su economía en medio de un carrusel interminable de mandatarios?
Un juicio político exprés que sacudió Lima
El procedimiento contra Jerí fue calificado por analistas como uno de los más veloces en la historia parlamentaria peruana. En una sesión maratónica, los congresistas acumularon siete acusaciones que iban desde presuntas irregularidades administrativas hasta denuncias de obstrucción a la labor fiscalizadora del Legislativo. La votación fue contundente y dejó al presidente sin margen de maniobra.
La destitución se produce en un contexto especialmente delicado: Perú se encamina a elecciones generales en abril, lo que significa que el país sumará un nuevo cambio de gobierno en un periodo extraordinariamente corto. La rotación presidencial se ha convertido en una constante que erosiona la confianza institucional tanto dentro como fuera del país.
Para la ciudadanía peruana, acostumbrada a los sobresaltos políticos, la noticia genera una mezcla de hastío e incertidumbre. Las calles de Lima reflejaron ayer tanto protestas a favor como en contra de la decisión del Congreso, evidenciando la profunda polarización que atraviesa la sociedad.
La economía peruana: resistente pero no invulnerable
Uno de los fenómenos más estudiados por economistas regionales es la capacidad de la economía peruana para mantenerse relativamente estable pese al caos político crónico. Los fundamentos macroeconómicos del país —reservas internacionales sólidas, un Banco Central de Reserva con credibilidad y autonomía, y una política fiscal relativamente prudente— han funcionado como un blindaje ante los vaivenes del poder.
Sin embargo, expertos advierten que esta resiliencia tiene límites. La inversión privada, tanto nacional como extranjera, se resiente con cada crisis institucional. Los proyectos de infraestructura se paralizan, las reformas estructurales quedan congeladas y la generación de empleo formal se estanca.
"Perú ha demostrado que puede sobrevivir a la inestabilidad política en el corto plazo, pero cada destitución, cada vacancia, cada cambio de gobierno erosiona un poco más la confianza de los inversionistas. El daño es acumulativo y tarde o temprano se refleja en el crecimiento", señalan analistas económicos regionales.
Las cifras respaldan esta advertencia. El crecimiento del PBI peruano se ha desacelerado en los últimos años, y las proyecciones para el cierre de este periodo son modestas comparadas con el dinamismo que el país exhibía hace una década. La minería, principal motor exportador, sigue generando divisas, pero los megaproyectos enfrentan trabas burocráticas y conflictos sociales que la inestabilidad política agrava.
Un patrón que preocupa a la región y al mundo
La destitución de Jerí no es un hecho aislado. Perú ha tenido una sucesión de presidentes en los últimos años que no tiene precedentes en democracias latinoamericanas contemporáneas. Desde la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022, el país ha experimentado transiciones de poder que debilitan cualquier intento de gobernabilidad sostenida.
Organismos internacionales han expresado su preocupación. La inestabilidad crónica dificulta la implementación de políticas públicas de largo plazo en áreas críticas como seguridad ciudadana, educación, salud y lucha contra la pobreza. Cada nuevo gobierno llega con su propia agenda, reemplaza funcionarios clave y reinicia procesos que nunca logran consolidarse.
Para los socios comerciales de Perú y las calificadoras de riesgo, el panorama exige vigilancia. Si bien las agencias mantienen por ahora calificaciones estables para la deuda soberana peruana, han advertido que una prolongación del ciclo de inestabilidad podría derivar en una revisión a la baja.
¿Qué viene después de la destitución?
Con las elecciones de abril en el horizonte, la transición será gestionada por quien asuma interinamente la presidencia según el orden de sucesión constitucional. El desafío inmediato es garantizar la continuidad de las funciones básicas del Estado y preparar el terreno para unos comicios que se anticipan altamente fragmentados.
La ciudadanía peruana enfrenta el reto de elegir un nuevo mandatario en un ambiente de profunda desconfianza hacia la clase política. Las encuestas muestran niveles récord de desaprobación tanto del Ejecutivo como del Congreso, y el abstencionismo podría ser un factor determinante en los resultados.
La destitución de José Jerí es, en definitiva, un síntoma más de una enfermedad institucional que Perú no ha logrado curar. Mientras la economía resiste gracias a sus pilares macroeconómicos, el costo social y político de la inestabilidad sigue acumulándose, y la paciencia de los mercados y de la ciudadanía tiene un límite que cada vez parece más cercano.
