Un nuevo reportaje periodístico ha sacado a la luz memorandos internos que evidencian una intervención directa y reiterada del expresidente de Petroperú, Roger Arévalo Ramírez, para la contratación de dos allegados. Los documentos señalan que Arévalo intentó incorporar a Jorge Mendoza Meléndez y Víctor Hugo Jaimes Alvarado al interior de la empresa estatal, eludiendo los procesos de selección regulares. Esta denuncia surge en un contexto crítico, dado que las gestiones se realizaron en plena crisis financiera que enfrenta la petrolera nacional, lo que intensifica las sospechas de nepotismo y mala administración de recursos públicos.
Evidencia de intervenciones irregulares
Los memorandos obtenidos por la prensa detallan cómo Arévalo Ramírez ejerció presión administrativa para sortear los mecanismos de transparencia y meritocracia establecidos en la entidad. La insistencia del expresidente por incluir a Mendoza Meléndez y Jaimes Alvarado, sin que estos pasaran por las evaluaciones técnicas y competencias exigidas por la ley, configura una presunta violación a las normas de contratación pública. Este tipo de acciones no solo debilita la institucionalidad de la empresa, sino que sugiere un uso indebido de la posición de autoridad para beneficiar a terceros cercanos.
Impacto en la crisis financiera estatal
La gravedad de la situación se agudiza al considerar el momento en que se desarrollaron estas gestiones. Petroperú atraviesa una severa crisis financiera que exige una auditoría estricta de cada gasto y una gestión eficiente de su plantel laboral. En este escenario, la contratación de personal sin los filtros correspondientes representa un riesgo adicional para la estabilidad económica de la empresa. La opinión pública y los organismos de control exigen ahora una investigación exhaustiva para determinar si estas contrataciones generaron gastos innecesarios o si afectaron la capacidad operativa de la petrolera en un momento tan delicado.
Implicaciones legales y de seguridad
La revelación de estos documentos abre un nuevo capítulo en las investigaciones sobre la gestión de Arévalo Ramírez. Si se comprueba la veracidad de las denuncias, los involucrados podrían enfrentar responsabilidades administrativas y penales por actos de corrupción y prevaricato. La justicia peruana debe actuar con celeridad para esclarecer los hechos, dado que la impunidad en estos casos envía una señal negativa sobre el estado de derecho y la seguridad institucional del país. La ciudadanía exige transparencia absoluta para garantizar que los recursos de la nación no sean desviados por intereses particulares.
