La Defensoría del Pueblo de Bolivia reportó este sábado 47 personas detenidas y cinco heridas como consecuencia de la operación militar y policial desplegada para desbloquear las principales vías de comunicación en el departamento de La Paz y la ciudad de El Alto. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, confirmó que las cifras corresponden al final de la tarde, tras intensos enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden. La entidad ha iniciado el monitoreo de la situación de los detenidos para garantizar que se les asigne defensa pública adecuada.
Agresiones a la prensa y vulneraciones de derechos
El informe oficial también documentó agresiones e impedimentos al trabajo periodístico durante la cobertura de los hechos. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) detalló que dos periodistas de canales locales sufrieron lesiones en una emboscada organizada por bloqueadores en el sector sur de La Paz, conocido como Lipari. Uno de los informadores fue retenido con violencia y tuvo su teléfono móvil destruido. Callisaya exigió la protección de los medios de comunicación y señaló que la Defensoría está verificando denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos durante los operativos.
Exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz
El contexto de la operación responde a la escalada de tensiones impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz. Estos sectores exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, argumentando su incapacidad para resolver los conflictos nacionales. Las protestas, que incluyen bloqueos de carreteras y manifestaciones callejeras, se prolongan desde hace once días, generando afectaciones humanitarias y confrontaciones entre movilizados y vecinos en diversos puntos del departamento.
Repliegue estratégico y llamado al diálogo
La operación conjunta buscaba abrir un corredor humanitario para el paso de combustibles, oxígeno medicinal y vehículos particulares. Sin embargo, la resistencia en zonas como Río Seco, donde los manifestantes respondieron con piedras y dinamita a los gases lacrimógenos, obligó al Gobierno a ordenar el repliegue de policías y militares para evitar un derramamiento de sangre. Ante la crisis, el defensor del Pueblo reiteró la prioridad de proteger la vida y la integridad, mientras analiza con la Iglesia católica la creación de un espacio de desescalada y reconciliación.
