El Congreso de Perú ha destituido al presidente interino José Jerí, sumiendo al país en una nueva espiral de inestabilidad política que se ha convertido en un patrón recurrente y alarmante para la nación sudamericana. La decisión legislativa profundiza el caos institucional justo cuando el país se preparaba para celebrar elecciones generales en abril.
Un país acostumbrado a perder presidentes
Perú ha establecido un récord poco envidiable en América Latina: la rotación presidencial forzada se ha convertido prácticamente en norma. En los últimos años, el país ha visto desfilar por el Palacio de Gobierno a múltiples mandatarios que no lograron completar sus periodos, ya sea por destitución parlamentaria, renuncia forzada o crisis de gobernabilidad.
La caída de Jerí es solo el último capítulo de esta saga. El Congreso peruano, que ha ejercido un poder desproporcionado en la dinámica política del país, utilizó una vez más sus facultades para remover al jefe de Estado, generando incertidumbre sobre quién asumirá el mando en las próximas horas y días.
Este escenario no es nuevo para los peruanos. Desde la destitución de Martín Vizcarra en 2020, pasando por la efímera presidencia de Manuel Merino —que duró apenas cinco días—, la renuncia de Pedro Castillo tras su fallido autogolpe en diciembre de 2022, y la asunción de Dina Boluarte, el país ha experimentado una inestabilidad sin precedentes en su historia republicana reciente.
Las razones detrás de la destitución de Jerí
La remoción de José Jerí se produjo en un contexto de profundas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Congreso peruano, ampliamente cuestionado por la ciudadanía con índices de aprobación que históricamente no superan el 10%, decidió ejercer su poder de destitución en un momento particularmente delicado del calendario político.
La decisión legislativa ha sido criticada por analistas políticos y organizaciones de la sociedad civil, quienes señalan que el Parlamento ha abusado sistemáticamente de su capacidad para vacar presidentes, convirtiendo esta herramienta constitucional en un instrumento de presión política permanente.
La fragilidad institucional de Perú se refleja en cifras contundentes: en menos de cinco años, el país ha tenido más de seis presidentes, un dato que supera con creces cualquier precedente en la región. Esta rotación constante ha impedido la implementación de políticas públicas sostenidas y ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Elecciones de abril: ¿una salida a la crisis?
Las elecciones generales programadas para abril representan, en teoría, una oportunidad para que Perú recupere cierta estabilidad política. Sin embargo, la destitución de Jerí a pocas semanas de los comicios genera serias dudas sobre la capacidad del país para organizar un proceso electoral limpio y ordenado en medio del vacío de poder.
La pregunta central que se hacen los peruanos y la comunidad internacional es si el próximo presidente electo logrará completar su mandato o si, una vez más, el ciclo de inestabilidad se repetirá. Los candidatos enfrentan un electorado desencantado, hastiado de la clase política y profundamente escéptico sobre las promesas de cambio.
La crisis política peruana no es un evento aislado sino un síntoma de problemas estructurales profundos: un sistema de partidos fragmentado, un Congreso con poderes excesivos y una Constitución que facilita la remoción presidencial.
Impacto en la seguridad y la gobernabilidad
La inestabilidad política tiene consecuencias directas en la seguridad ciudadana y la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado. Cada cambio de gobierno implica la rotación de ministros del Interior, jefes policiales y responsables de las políticas de seguridad, lo que interrumpe las estrategias de lucha contra la delincuencia.
Perú enfrenta desafíos crecientes en materia de seguridad: el narcotráfico sigue expandiéndose en zonas como el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), la extorsión ha crecido exponencialmente en ciudades como Lima, Trujillo y Chiclayo, y las organizaciones criminales han ganado terreno ante la debilidad institucional.
La ausencia de continuidad en las políticas de gobierno también afecta la economía. Los inversionistas extranjeros observan con preocupación la incapacidad de Perú para mantener un liderazgo político estable, lo que impacta directamente en la inversión, el empleo y el crecimiento económico del país.
¿Qué viene para Perú?
En lo inmediato, la sucesión presidencial sigue los mecanismos constitucionales establecidos, aunque la legitimidad del proceso es cuestionada por amplios sectores de la población. La comunidad internacional ha hecho llamados a respetar el orden democrático y a garantizar que las elecciones de abril se lleven a cabo según lo previsto.
Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han manifestado su preocupación por la situación política peruana, instando a todas las fuerzas políticas a priorizar la estabilidad democrática por encima de los intereses partidarios.
Para los ciudadanos peruanos, la esperanza está puesta en que las próximas elecciones marquen un punto de inflexión. Sin embargo, sin reformas estructurales al sistema político —incluyendo cambios en las reglas de vacancia presidencial y el fortalecimiento del sistema de partidos—, el riesgo de que la historia se repita sigue siendo alto.
