La Confederación Nacional de Empresas Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) han emitido un pronunciamiento conjunto respecto a las propuestas económicas presentadas por Keiko Fujimori. Si bien ambas organizaciones empresariales reconocieron los anuncios realizados, advirtieron con claridad que el éxito de estas medidas dependerá exclusivamente de su capacidad para ser financiadas y ejecutadas en la práctica.
Valoración cautelosa del programa económico
Durante sus intervenciones públicas, representantes de Confiep y SNI destacaron aspectos positivos dentro del plan propuesto por la candidata presidencial. Sin embargo, esta valoración no estuvo exenta de advertencias críticas sobre los mecanismos que se utilizarán para sostener las iniciativas planteadas ante el Congreso o una eventual administración.
Las entidades representativas del sector privado enfatizaron que, en un contexto económico complejo, cualquier anuncio debe ir acompañado de fuentes de financiamiento reales y sostenibles. La ejecución efectiva de políticas públicas requiere no solo la voluntad política, sino también la viabilidad fiscal inmediata para evitar impactos negativos en el crecimiento.
El reto del financiamiento público
La principal preocupación expresada por los líderes empresariales se centra en la brecha entre lo anunciado y lo presupuestado. Ambas organizaciones señalaron que sin un plan de financiamiento robusto, las medidas podrían quedar en el papel o requerir ajustes drásticos durante su implementación.
El sector industrial y empresarial peruano ha mantenido una postura exigente respecto a la disciplina fiscal. La advertencia sobre los retos para financiar estas propuestas refleja la necesidad de equilibrar el gasto público con la estabilidad macroeconómica, un principio fundamental para mantener la confianza de los inversores y proteger el empleo formal.
Implicaciones para la gestión estatal
La intervención de Confiep y SNI subraya la importancia de la transparencia en la ejecución del presupuesto nacional. Las organizaciones advierten que la falta de claridad en las fuentes de ingresos podría complicar la implementación de reformas o programas sociales e industriales.
