El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (Confiep), Jorge Zapata, ha emitido una advertencia contundente sobre el futuro económico del país. Según sus declaraciones, Perú corre el riesgo inminente de caer en un “ciclo de mediocridad económica” si no se revierte el escenario actual de incertidumbre que afecta directamente a la inversión privada. Esta alerta se produce en un contexto de alta volatilidad política y económica, donde la confianza de los agentes productivos se encuentra en niveles críticos.
Escenario negativo para la inversión
Zapata detalló que, en un escenario negativo para la inversión, el crecimiento económico del país sería insuficiente para el próximo quinquenio. La falta de estabilidad y las barreras para el desarrollo de proyectos productivos están frenando el potencial de expansión del PIB. El gremio empresarial sostiene que sin un entorno predecible y favorable, la capacidad de generar empleo formal y riqueza se verá severamente limitada, consolidando una etapa de estancamiento relativo.
Expectativas para los primeros 100 días
Ante esta proyección, Confiep ha resumido lo que se espera para los primeros 100 días de un próximo Gobierno. La entidad empresarial ha enfatizado la necesidad de medidas urgentes que restauren la confianza. Se busca que las nuevas autoridades prioricen la seguridad jurídica, la simplificación de trámites y la promoción de la inversión privada como ejes centrales de su gestión. La presión del sector privado es clara: la acción rápida y efectiva es indispensable para evitar que la mediocridad económica se convierta en la norma.
Impacto en la estabilidad macroeconómica
La advertencia de Confiep resuena con preocupación en los círculos financieros y políticos. Un ciclo de mediocridad no solo implica bajo crecimiento, sino también la erosión de la competitividad del país frente a sus vecinos de la región. Si la inversión se mantiene en niveles bajos, la infraestructura, la innovación y la productividad no avanzarán al ritmo necesario. La comunidad empresarial exige un diálogo constante con el Estado para definir políticas de largo plazo que salvaguarden el progreso alcanzado en décadas anteriores y eviten retrocesos estructurales.
