Minera Caravelí ha emitido una alerta urgente tras denunciar un asedio violento iniciado el pasado 14 de junio por parte de más de 200 integrantes de la comunidad campesina Estrella de Oro. Juan Carlos Zea, gerente de Recursos Humanos de la compañía, informó que los comuneros mantienen bloqueadas las operaciones en la provincia de Pataz, región La Libertad, con el objetivo declarado de tomar el control de áreas de concesión para realizar actividades mineras propias. Esta situación ha derivado en un estado de indefensión total para el personal empresarial.
Amenazas directas y cercamiento al campamento
El ejecutivo detalló que la tensión se intensificó recientemente debido a que los manifestantes han cercado el campamento minero con la intención supuesta de capturar al gerente de operaciones, quien permanece dentro de la unidad de producción. Zea advirtió: "En este momento hay el riesgo de que ingresen y capturen al gerente y lo agredan físicamente". La compañía describe el escenario como una emergencia extrema, señalando que todo su personal se encuentra secuestrado en las instalaciones debido a que no se permite ni el ingreso ni la salida de ninguna persona vinculada a la empresa.
Abandono institucional y vulnerabilidad geográfica
Zea explicó que una dificultad crítica para recibir apoyo radica en la ubicación geográfica de sus instalaciones, adyacentes al distrito de Tayabamba. A diferencia de otras zonas de Pataz como Chugay o Parcoy, donde opera un Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debido a la declaratoria de estado de emergencia, el sector de Caravelí depende exclusivamente de la policía regional. El gerente afirmó que esta fuerza del orden no ha intervenido a pesar de las alertas sobre riesgos inminentes. "Esta es una llamada de pedido de auxilio y de socorro urgente porque nos sentimos en un abandono total", denunció.
Coacción, paralización operativa y riesgo ecológico
El conflicto tiene su origen en la pretensión del presidente de la comunidad, Majín Sánchez, de explotar directamente los recursos. Para ejecutar el bloqueo, los comuneros se desplazan en camionetas 4x4 a gran velocidad, impidiendo cualquier actividad e obligando a directivos a firmar documentos bajo coacción. Además, Zea puntualizó que las manifestaciones representan un riesgo ecológico grave al impedir el funcionamiento de las bombas encargadas de proteger la calidad del agua en Huailillas, situación ya reportada ante la fiscalía ambiental.
