Colapso en las cifras de criminalidad
Arequipa atraviesa un deterioro grave y sin precedentes en su tejido social, marcado por una escalada vertiginosa de la delincuencia organizada. Según los datos más recientes publicados por el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 2020 y 2025 las denuncias formales por extorsión se multiplicaron por un factor ocho. Este incremento exponencial no es una cifra aislada, sino el reflejo directo de la impunidad que ha permeado en los últimos años.
La situación se agrava con otro flagelo estructural: las denuncias por minería ilegal también experimentaron un aumento severo, incrementándose siete veces durante el mismo periodo. Esta dualidad criminal —la extorsión contra comerciantes y la extracción ilícita de recursos— ha debilitado la capacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales en la región sur.
La urgencia de una estrategia técnica
Frente a este escenario crítico, las autoridades señalan que Arequipa requiere imperiosamente una estrategia sostenida y integral. No basta con operativos aislados; se necesita un plan robusto que fortalezca la seguridad ciudadana, impulse la inversión privada en zonas vulnerables y promueva el empleo formal como mecanismo de contención social.
La realidad económica del departamento exige respuestas rápidas. Sin mecanismos efectivos de disuasión policial y judicial, no es posible sostener un desarrollo económico viable. La falta de seguridad actúa como un freno directo al crecimiento regional, afectando la vida cotidiana de miles de familias arequipeñas que ven vulnerados sus derechos a la tranquilidad.
El rol del Ejecutivo en la solución
Es fundamental destacar que el Poder Ejecutivo cuenta con las herramientas legales y operativas necesarias para enfrentar este problema estructural. La eficacia de estas medidas dependerá, sin embargo, de la elección de un gobierno regional con un equipo técnico competente.
La capacidad técnica del mando político es determinante para articular los recursos nacionales con las necesidades locales. Solo mediante una gestión profesionalizada se podrá revertir esta tendencia al colapso y restablecer el orden público que la ciudadanía arequipeña reclama con urgencia ante la gravedad de los hechos reportados.
